Mexicali, Baja California (DSS Noroeste).- El gobierno de Baja California buscará procesar penalmente al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez en el proceso que se sigue en el caso Next Energy.
A partir del 1 de septiembre, cuando termina el periodo del actual Senado de la República, el gobierno de Baja California retomará las acusaciones en contra de Bonilla Valdez.
Las acusaciones están relacionadas con el proyecto de la planta fotovoltaica de Next Energy en Mexicali, reveló Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal.
Informó que a partir de este momento, Bonilla Valdez dejará de tener fuero constitucional, por lo que será hasta entonces cuando se hagan las solicitudes correspondientes.
En marzo de 2022, el gobierno estatal presentó 10 denuncias derivadas del proyecto de planta fotovoltaica que construiría la empresa Next Energy en Mexicali.
La supuesta obra “se inició” durante la administración del ex mandatario estatal, el cual habría representado un daño al erario de alrededor de 12 mil millones de pesos.
Las denuncias fueron contra seis funcionarios públicos, tres particulares y el propio Bonilla Valdez, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado.
Bonilla enfrentaría proceso que pudiera mandarlo a prisión
“En el caso particular de Jaime Bonilla, se había suspendido este proceso porque gozaba de fuero constitucional” ha dicho la Consejería Jurídica del gobierno estatal.
sin embargo a partir del 1 de septiembre la persona ya no tendría este fuero, por lo que estaríamos en posibilidades reales legalmente, de proseguir con el proceso en contra de este señor”, manifestó Pon Méndez.
Aunque en agosto de 2022 el Poder Judicial llamó a declarar a los acusados, el exgobernador no pudo ser convocado ya que Bonilla había recuperado su fuero.
En aquella fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Bonilla podría volver al Senado de la República luego de su salida del gobierno estatal.
“Nosotros ya iniciaríamos la solicitud a partir del primero de septiembre, en este momento todavía goza de fuero constitucional”, puntualizó.
Pon Méndez, dijo que una persona que sea encontrada culpable por uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser sancionada hasta con 12 años de prisión.
El funcionario estatal agregó que el delito de peculado se sanciona con 16 años de prisión.
Es decir, Bonilla Valdez podría enfrentar una pena de hasta 28 años de prisión en caso de que se comprobarán las acusaciones en su contra.
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